ASF pide a CJ investigar deuda de Borge; no hay obra pública que la justifique, considera

ASF pide a CJ investigar deuda de Borge; no hay obra pública que la justifique, considera

ASF pide a CJ investigar deuda de Borge; no hay obra pública que la justifique, considera

La entidad fiscalizadora federal dice que no hay congruencia entre la deuda y la inversión pública

Y que el estado no tuvo eventos que justificaran un endeudamiento de ese tamaño

Le emitió oficios a la Secoes y la Aseqroo para que lo investiguen

Borge pidió 144 créditos por más de 38 mil MDP en sólo tres años

(La Opinión)

Entre los años 2011 y 2014, Roberto Borge pidió 144 créditos a diversas instituciones bancarias, por un monto total de 38 mil 811.3 millones de pesos.

El ex gobernador se amparaba en un artículo de la ley de Deuda Pública que le permitía pedir créditos de corto plazo, a no más de 180 días, para cubrir “necesidades urgentes”.

El problema es que la deuda crecía, y los créditos no se devolvían. Lo que hizo el ex gobernador, con el “invaluable” apoyo de la Legislatura, fue pasar esos créditos de corto plazo a largo plazo.

Con ese método, la deuda bancaria de largo plazo en Quintana Roo aumentó en 13 mil 277.5 millones de pesos. Para ese momento, el estado ya estaba técnicamente en quiebra.

El resultado de esa desmesura ya lo conocemos: Quintana Roo tiene una de las deudas públicas más pesadas entre todos los Estado de México.

EL INFORME DE LA ASF

La Auditoria Superior de la Federación (ASF) realizó un análisis profundo de las deudas subnacionales, para conocer la situación real de éstas.

Tomó algunos casos paradigmáticos y se concentró en ellos.

Realizó 13 auditorías. Seleccionó siete estados, tres municipios, un ente público del estado de Jalisco, una auditoría para evaluar el marco institucional de la LDFEFM y una más para revisar la posición fiscal de las entidades federativas.

Uno de los elegidos fue Quintana Roo.

Entre otras cosas, la ASF buscaba “verificar que los procesos de contratación y registro de financiamientos, obligaciones, refinanciamientos y reestructuras se realizaron en cumplimiento a la ley”, e “identificar el destino y la gestión de los recursos obtenidos mediante los financiamientos y las obligaciones contratadas”.

Quintana Roo fue el único de esos entes que se fiscalizó en un 100 por ciento. En los demás, se tomaron diversos porcentajes como muestra representativas.

El resultado de la Auditoria fue desastroso para el estado, por lo números ya presentados. Un aumento demencial de la deuda, que no ha ido a ningún lado. Lo dice textualmente la ASF:

“La información financiera revelada en la Cuenta Pública de 2011 a 2014, no reflejó una correspondencia directa entre los ingresos obtenidos mediante los financiamientos quirografarios y los bienes generados por la inversión pública. Tampoco se presentaron en esos años eventos críticos que afectaran las finanzas públicas y que necesitaran ser solventados con deuda”, dice el informe de auditoría.

Por ese motivo, la ASF le pide a los organismos del Gobierno del estado, que inicien una investigación sobre el tema, y dice que ya envió oficios a las dependencias encargadas.

“Por lo antes expuesto y debido a que las irregularidades identificadas se realizaron en ejercicios anteriores a 2016, se solicitó mediante los oficios números DGAIE/032/2018 y DGAIE/033/2018, la intervención de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo, y en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, de la participación de la Auditoría Superior del Estado, respectivamente, para que en el ámbito de sus atribuciones consideren realizar las investigaciones correspondientes y, de ser el caso, finquen las responsabilidades a que haya lugar e impongan las sanciones respectivas a los servidores públicos del Gobierno del Estado de Quintana Roo, que en el periodo de 2011 a 2014 suscribieron 144 contratos de deuda pública quirografaria por 38,811.3 mdp, a plazos no mayores de 180 días con Interacciones, Banorte, HSBC, Banamex, Multiva, CI Banco y dos SOFOM, para solventar necesidades urgentes e invertir en obras públicas y que la información financiera revelada en la Cuenta Pública de 2011 a 2014, no reflejó una correspondencia directa entre los ingresos obtenidos mediante los financiamientos quirografarios y los bienes generados por la inversión pública. Tampoco se presentaron en esos años eventos críticos que afectaran las finanzas públicas y que necesitaran ser solventados con deuda”.

Aún no se sabe si el Gobierno del estado inició la investigación sobre el destino de esos recursos.